El SJM Publica su Primer Informe Situacional Otoño 2021

El miércoles 21 de abril se realizó el lanzamiento vía on line del primer informe situacional del Servicio Jesuita a Migrantes en Argentina, el cual pretende visibilizar y sensibilizar acerca de la realidad de las personas migrantes y personas en busca de refugio; procurando ser un aporte a la incidencia en favor de ellos.

En el informe, se hizo referencia a datos de interés de la encuesta realizada por Espacio Agenda Migrante 2020,  la cual muestra la grave crisis laboral en la Argentina antes y después de la pandemia, obteniéndose que el 70% de los encuestados durante la declaración de cuarentena obligatoria, tuvieron una deficiencia en sus ingresos, mientras que un 58% dejó de percibir ingresos en su totalidad.

Un factor agravante de esta situación de vulnerabilidad socioeconómica, fue el inacceso a los mecanismos  de protección social: un 80% de las personas entrevistadas no había podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dispuesto por el Gobierno Nacional como medida paliativa , y un 79% no recibía ninguna otra ayuda o beneficio social preexistente. Esto confirma otros análisis, en los que se reconocen “obstáculos históricos” para las personas migrantes en lo que respecta a la “seguridad social y a pensiones no retributivas” . 

Toda esta situación trajo como consecuencia el incremento de solicitudes de asistencia humanitaria recibidas por el SJM, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

 

De acuerdo a las cifras presentadas en el gráfico, las personas de nacionalidad venezolana representan un 67% (1471) de quienes realizaron solicitudes a través de nuestra sede en CABA, entre finales de mayo de 2020 y principios de marzo de 2021. Les siguen las personas de nacionalidad haitiana, que han realizado casi un 11% (235) de las solicitudes; las de nacionalidad dominicana, con casi un 4% de las solicitudes (83); las de nacionalidad peruana, con un 3,4% de las solicitudes (75); las de nacionalidad colombiana y las de nacionalidad uruguaya, con un 2,4% cada una (54 y 53 solicitudes, respectivamente); las ghanesas y senegalesas, con un 1,6% cada una (37 y 35 solicitudes, respectivamente); y las personas de nacionalidad española (17), boliviana (15) y paraguaya (13), con un 0,8%, un 0,7% y un 0,6% de las solicitudes, respectivamente.

Con el objetivo de dar respuestas a todas las solicitudes de ayuda humanitaria, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, se brindó asistencia alimentaria y de higiene a un promedio de 225 hogares al mes, a través de las sedes existentes en el país. Tan solo en el mes de febrero de 2021, fueron asistidas 25 familias  en situación de vulnerabilidad  habitacional (ver, tabla más abajo).

 

 

Finalmente, en el informe se redactaron recomendaciones  a los gobiernos y poderes ejecutivos, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y demás agencias internacionales, organismos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la asistencia y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas en la Argentina, con la misión de incidir y velar por las mejoras de integración de las personas migrantes, partiendo de la idea de que la migración es un derecho humano.

 

 

 

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Alertas tempranas: las visiones de Uruguay como destino migratorio entre la población venezolana en tránsito

Migrantes en tránsito a Uruguay

En las últimas semanas, hemos acompañado varios casos de personas venezolanas que, viajando en grupo familiar o solas, vienen describiendo un itinerario que va desde Perú (donde vivieron un tiempo, variable de acuerdo al caso) y tiene como destino Uruguay. La ruta de su trayecto hasta ese país viene desde Bolivia y pasa por Argentina, y muchas veces incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Las razones para esta estación en CABA pueden ser variadas: su cercanía con Montevideo (capital uruguaya); la posibilidad de llegar a un lugar con mayores probabilidades de conseguir recursos para continuar el trayecto; o quizás alguna expectativa sobre la presencia de organizaciones con capacidad de ayudar y acompañar la finalización de la travesía migratoria. Sin embargo, CABA no es necesariamente más cercana a los puntos terrestres que han estado habilitados en Uruguay para el paso fronterizo. Y en la ciudad aún se sienten los efectos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19, así como de las medidas de restricción de movilidad y cese de actividades que las autoridades dispusieron en su momento. Esto último, se traduce en que no sea necesariamente más sencillo ni sostenible llevar a cabo una fase de acumulación de recursos (por muy pocos que sean) para continuar el viaje.  

Aunado a lo anterior se suma otro factor. Si bien los esfuerzos de coordinación han sido apreciables y mucho se ha avanzado, sigue siendo un desafío para las organizaciones que trabajamos en el acompañamiento a personas migrantes y refugiadas juntar esfuerzos a nivel micro, del caso por caso o de la atención particular. Aún más, sigue siendo un desafío el diseño e implementación de estrategias conjuntas de atención, adaptables a las necesidades de respuesta ante situaciones emergentes y complejas. Esto último es relevante si se toma en cuenta la creciente desprotección, vulnerabilización y, en resumidas cuentas, discriminación, de la que vienen siendo objeto las personas en situación de movilidad, especialmente las de origen venezolano que se encuentran en tránsito en América del Sur.

Por otra parte, es de notar la forma en que Uruguay se ha configurado como destino deseable para algunas personas venezolanas que vienen describiendo trayectos migratorios terrestres, casi siempre en condiciones bastante precarias. Ha emergido una visión sobre la política migratoria de ese país que tiene dos ejes. Por una parte, una circulación de información de Uruguay como lugar de oportunidades así como de país que ofrece facilidades de ingreso y regularización migratoria. Esto ocurre principalmente a través de redes informales de migrantes (grupos de Facebook o de WhatsApp, conversaciones en encuentros casuales durante el trayecto, etc.). Así, las personas que han llegado hasta nuestra sede relatan historias de un conocido o familiar (no siempre cercano) que ya llegó, que no tuvo problemas para ingresar, que les dice que hay personas u organizaciones que le ayudaron una vez en territorio uruguayo, y que ya tiene resueltos los primeros pasos de inserción sociolaboral.

Sobre esta cuestión, es pertinente advertir la brecha que puede existir entre la realidad concreta y la información que circula por redes informales. Sobre todo con respecto a visiones construidas a partir de generalizaciones de algunas experiencias particulares. También, de la circulación de una visión del Uruguay como destino migratorio reconstruida desde las altas expectativas -sin lugar a dudas legítimas- de personas que vienen atravesando, en su trayecto migratorio, situaciones desesperadas y experiencias de desprotección o vulneración traumáticas. Esto cobra especial importancia cuando se aprecia, como se ha evidenciado en las entrevistas de las personas que atendemos, que el destino uruguayo es relatado en unos términos de idealización casi romantizados o idílicos.

No está demás acotar: el problema acá no es que las personas migrantes y refugiadas construyan y promuevan visiones más o menos adecuadas a las realidades concretas. El problema es sopesar en qué medida ese fenómeno puede llevar a tránsitos migratorios desinformados, inseguros, a cruces fronterizos no registrados (con todas las consecuencias de vulnerabilización que ello representa para quienes migran o huyen) y, en última instancia, trayectorias migratorias con menos condiciones de llegar a ser sostenibles.  

Otro factor que ha propiciado la instalación de Uruguay como destino entre la población venezolana en tránsito terrestre reciente, es la referencia a unas declaraciones que habría proferido el actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. En medios de comunicación se encuentran alocuciones y entrevistas donde el mandatario expone su intención de flexibilizar los criterios de ingreso migratorio y residencia, en el marco de lo que sería un plan para paliar el estancamiento demográfico de la población uruguaya. Incluso, se encuentran citas donde habría descrito al Uruguay como “un país de brazos abiertos para países que están expulsando a su gente, venezolanos, cubanos y de otros lugares…” (BBC, 20 de enero de 2020). 

Ciertamente, el hecho de que un presidente realice expresiones de intención de este tipo puede reflejar una voluntad política (y quizás, un consenso) de alto nivel susceptible de cristalizar en una política migratoria con todo, ya que la mayoría de las referencias encontradas son de cuando Lacalle Pou era presidente electo (aún no había asumido el cargo) y, además, previas a la irrupción de la pandemia del COVID-19, cabe preguntarse en qué medida aquellas declaraciones se han concretado efectivamente en una política migratoria de puertas abiertas, o por lo menos flexibilizada, y aún más, en qué medida esa política estaría diseñada desde una visión de derechos. Después de todo, una política demográfica sustentada en la atracción migratoria debería comprender un acompañamiento institucional que permita la consecución de proyectos de vida sostenibles y dignos para las personas migrantes y refugiadas. Y esto no solo para ser efectiva en tanto política pública sino además para que sea cónsona con una perspectiva de derechos: la atracción de población migrante y refugiada puede ser un objetivo de Gobierno legítimo, pero lleva consigo la responsabilidad de evitar, a toda costa, la aparición de discriminaciones (jurídica, social, laboral, económica y política) entre grupos poblacionales que ya de por sí se encuentran vulnerabilizados por las condiciones en que se viene produciendo su trayectoria migratoria y de refugio.

Por último, en tanto organización que trabaja por la protección de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, desde el SJM consideramos importante que el acompañamiento contemple la difusión de información confiable y, sobre todo, que sirva de herramienta para promover tránsitos seguros, protegidos y dignos. 

Manuel Ruiz.

Asesor Área de Incidencia Servicio Jesuita a Migrantes 

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¿Quiénes son las personas migrantes más vulnerables?

16/07/2020

Por: Rosanis Nava

Las personas migrantes irregulares y sin documentación, son quienes tienen más dificultades para cubrir sus necesidades esenciales, pues deben recurrir al comercio informal para subsistir, así como a trabajos en “negro”,  por lo tanto, no tienen la posibilidad de acceder a una calidad de vida digna, agravándose aún más su situación debido a la pandemia del COVID-19.

Argentina cuenta con el Acuerdo de  Mercosur, el cual tiene como objetivo fortalecer la integración regional de países como: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Siendo Venezuela también reconocida como un país Mercosur por Argentina a causa de su actual crisis económica.  

Por esta razón, los  flujos migratorios  anteriormente mencionados tienen mayor flexibilidad para acceder a un estatus regular dentro de la región.

Sin embargo, en el país existen comunidades que viven en una situación irregular, debido a que requieren mayor documentación para acceder a la residencia argentina, como es el caso principalmente de los flujos migratorios minoritarios de origen africano.  

En este sentido, Fernanda Vicario, referente del servicio social de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) quien fue entrevistada por el diario chequeado.com, expresó que este flujo migratorio  para acceder a la residencia: “Debe presentar un precontrato de un trabajo formal y su potencial empleador, debe otorgar datos sobre la empresa; o certificados de estudio regular en un espacio habilitado; son todas condiciones muy difíciles de conseguir para algunas comunidades, y por eso muchos solo acceden a la regularización mediante amnistías”, lo cual dificulta más su aprobación inmediata de residencia.

A consecuencia de ello, estas personas al no poder acreditar su estancia regular en los últimos 2 años,  no  tienen la posibilidad de acceder a la ayuda de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE),  la cual está destinada a compensar a los sectores más vulnerables debido a las consecuencias económicas de la  cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria originada por el Covid-19,

Tampoco pueden acceder a los permisos de circulación, dispuestos para actividades esenciales que ellos pudieran realizar, así como para acudir a consultas médicas, o por  alguna emergencia,  pues se encuentran totalmente desamparados ante esta situación. Viéndose totalmente vulnerados sus derechos humanos esenciales.

La persecución actual a consecuencia de la pandemia, aunado a su ejercicio habitual de comercio informal que ejercen al residir en condición irregular, los ha llevado a una situación de precariedad alarmante que atenta contra su salud, acceso a vivienda y alimentos. 

El Servicio Jesuita al Migrante en su compromiso como organización católica sigue el llamado a la reflexión del Papa con el lema: Como Jesucristo Obligados a Huir, recordándonos que Jesús niño fue también desplazado y refugiado, junto con sus padres.

Si deseás ayudarnos en nuestra misión, hacé click en nuestro enlace para “DONAR”. Tu aporte suma y marca la diferencia de quienes más te necesitan.

 

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